1939. Acaba la guerra civil y el ejército fascista domina ya todo el país. Se generaliza una campaña de represión brutal ya iniciada durante los primeros meses de la insurrección. Los episodios de represión sobre la población civil han coexistido en la retaguardia de ambos bandos hasta esa fecha, aunque con notorias diferencias. Mientras que la republicana es una respuesta improvisada, inconexa y cuantitativamente inferior, el bando rebelde instaura una represión sistemática y organizada, que además cuenta con el respaldo de la autoridad fascista.

Una vez acabada la guerra, se orquesta todo un entramado represivo destinado a acabar con cualquier indicio de oposición presente o pasada: en una cruel pirueta legislativa, se invierten las condiciones políticas y se establece como ilegal cualquier condición afín al gobierno republicano, mientras que se legitima el alzamiento militar y se condena toda oposición y resistencia. Se disponen los mecanismos para identificar, capturar, juzgar, condenar, encarcelar y fusilar a los opositores al régimen fascista, aunque con frecuencia, se prescinde de requisitos legales y de farsas judiciales para ejecutar a la población civil. Esta represión se intensifica de forma premeditada con el propósito de atemorizar a la población y se difunde como instrumento de terror y control. Decenas de miles de civiles son fusilados, otro tantos fallecidos en campos de concentración y prisiones, exiliados o desaparecidos, bajo las represalias de los vencedores durante los años de la posguerra.

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